Según el abogado mexicano Samuel Gonzáles, uno de los que lleva el caso, algunos días antes del accidente tuvieron lugar una serie de irresponsabilidades y negligencias que pudieron determinar el fatal desenlace, explicó ahora CiberCuba, medio que ha entrevistado a una serie de especialistas que llevan la demanda colectiva sobre el siniestro, “quienes denunciaron que las autoridades de Cuba y México están escondiendo la evidencia de lo que sucedió el 18 de mayo de 2018”.

"Un coche del aeropuerto le pegó un golpe al motor izquierdo del avión dos días antes del vuelo. De hecho la aeronave no pudo salir y notificaron que iban a llevarlo a México para llevar a cabo labores de mantenimiento", publicó el referido medio.

"Pero, en lugar de ir a México, lo usaron para volar por orden de la gerencia. El señor Manuel Rodríguez Campo, dueño de la aerolínea Global Air, dijo que volaba. Todo esto lo sabían las autoridades cubanas y, sin embargo, salieron a decir que fue responsabilidad de los pilotos", denunciaron los entrevistados.

Según estas versiones Néstor Hernández, jefe de mantenimiento de la compañía Global Air, se mostró compungido con lo que sucedió y lo resumió en una sola frase reveladora en su contenido: "Les dije que el avión no podía volar". Planteamientos que sostuvo tan frente a algunos familiares como trabajadores de la empresa.

El abogado Gonzáles indicó que el gobierno cubano tiene la obligación de dar a conocer todos los detalles que hasta el momento se tengan. "Han tardado un año en encubrir lo que ya sabían, que la turbina fue golpeada por un coche y que el avión no podía volar", enjuició el letrado.

"Un inspector de la dirección general de aviación civil mexicana llamado Alberto Esquinca sabía esto. De manera corrupta todos encubrieron lo que originó el accidente, todos son responsables y engañaron a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ", aseguró el abogado, quien además argumenta que el avión siniestrado inició su vuelo con combustible robado en México.

Cuestionó que Cuba ofreciera solo 5 mil dólares a los familiares de las víctimas, a pesar de que las leyes mexicanas estipulan que "lo mínimo por un accidente aéreo son 75 mil".

Por su parte, el abogado Carlos Villacorta recordó que la Oficina mexicana de Transparencia resolvió por dos ocasiones consecutivas que la Aeronáutica Civil debía aportar el contrato de arrendamiento de la aeronave, para acceder a las condiciones en que se realizó el contrato entre Cubana y Global Air.

Igualmente sostuvo que el gobierno de la isla no está cumpliendo con su responsabilidad, y está violando lo legislado en el del derecho internacional. “Se trata de una empresa estatal cubana que al igual que el país está sumida en una fuerte crisis, por lo que se tiene que ir a mercados secundarios y alquilar aeronaves con compañías que no pasarían la más mínima inspección técnica", explicó.

De igual manera no descartó darle curso a ciertos procesos legales contra Cubana de Aviación: "No descartamos ninguna acción, si tenemos que denunciar lo haremos. Nunca había visto un caso similar con tantos errores administrativos ni en África, ni en Asia, ni en ningún sitio. Los cubanos están siendo tratados como ciudadanos de cuarta", afirmó categórico.

Entre las irregularidades que señala CiberCuba está el hecho de que los pilotos llevaban meses sin cobrar y estaban pilotando sin el debido descanso, y con temores a que la compañía cerrara. A ello debe sumarse la negligencia en los controles de rutina.

Las declaraciones se contraponen a lo planteado por el IACC, el Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba, el cual culpó a la tripulación y sus errores de cálculo en lo referido al peso y el balance como “la causa más probable" del siniestro.

Esas explicaciones fueron en su momento criticadas por un piloto jubilado de Cubana, quien refirió varias omisiones imprescindibles en un comunicado de ese tipo. Entre estas destaca la especificación oportuna de cuáles fueron esas "acciones desacertadas" de la tripulación.